CANANEA: DE LA REPRESIÓN PORFIRISTA A LA REPRESIÓN CALDERONISTA

Una vez más, so pretexto de la mágica canalización del «desorden social», el gobierno impone en Cananea una política que agudiza los enfrentamientos y la polarización en lugar de alivianarlos

Tomado de: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/

Sábado 19 de Enero de 2008
Como se informó oportunamente en las páginas de Cambio de Michoacán, el pasado 12 de enero fueron violentamente desalojados por al menos 800 agentes de seguridad, entre militares, policías federales y del estado de Sonora, los trabajadores de la empresa minera de Cananea, quienes están en huelga desde el pasado 30 de julio. Los hechos ocurrieron después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga de los mineros de la Sección 65, quienes exigieron entonces mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; aunque el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, el gremio interpuso y ganó un amparo en contra de la decisión.
Cabe señalar que la solidaridad con los mineros de Cananea no significa avalar a Napoleón Gómez Urrutia, quien deberá responder ante la justicia por sus actos. En todo caso hay que subrayar que las relaciones de complicidad entre el Grupo Minero México y las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, muestran una vez más que el poder inclina la balanza de la ley a favor de los intereses mezquinos de quienes más tienen y, en este caso, en contra de los mineros que laboran en condiciones de alto riesgo laboral.
Al solidarizarse con los trabajadores de Cananea, herederos de una larga tradición de lucha sindical y social, organismos de derechos humanos como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), explican que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en la Ciudad de México que a las 11:30 horas notificó al Sindicato Minero la declaración de inexistencia de la huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la mañana llegaron a la mina ocho camiones con tropas del Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Como narran testigos de los hechos, de inmediato se corrió la voz por el pueblo. Muchos habitantes decidieron no salir a las calles, los niños no fueron a clases y varios comercios no abrieron. En los tres principales accesos de la mina los trabajadores de guardia se daban ánimos para no rendirse y se alentaban para defender sus derechos.

Pasadas las 7:00 horas llegaron también camionetas de la Policía Estatal Investigadora y de Seguridad Pública. Las fuerzas sumaban casi 800 elementos, quienes se reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón.
A las 10:00 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes. «Llegaron repartiendo golpes», denunció en ese momento Tolano Lizárraga, quien en las siguientes horas confirmó la caída de una de las tres puertas de la mina, además de las áreas de producción y almacenamiento.
A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a sus compañeros a no exponer su vida y a reunirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que seguirían entonces.
Un comandante de la PFP con rango militar llegó a dichas oficinas e intentó dialogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento, pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.
Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la Sección 65 del Sindicato Minero, informó que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros heridos -cinco requirieron hospitalización-; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17:00 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero.
Acertadamente la LIMEDDH considera que este hecho se suma a las provocaciones implementadas por el gobierno en contra de los movimientos sociales además es un signo ominoso de un gobierno que ante la incapacidad del diálogo recurre una vez más al uso de métodos intimidatorios y a la instrumentación de las herramientas de criminalización de la protesta social.
Una vez más, so pretexto de la mágica canalización del «desorden social», el gobierno impone en Cananea una política que agudiza los enfrentamientos y la polarización en lugar de alivianarlos. Recordamos que es obligación del Estado mantener la paz social del país siempre con la utilización del diálogo, y no utilizando métodos estratégicos de intimidación y castigo en contra de la población.
Recordamos que es un derecho constitucional de los trabajadores de mantenerse en huelga, constituir un plantón, organizar mítines y marchas pacíficas y que es responsabilidad de las autoridades la seguridad de todas las personas.
Las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales -que a diferencia de las instituciones oficiales del ramo consideran que los derechos laborales forman parte del ámbito de los derechos humanos en su vertiente económica y social- exigen que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de los mineros de la Empresa Minera Cananea, así como de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y de la gente solidaria.
Además demandan que se garantice la integridad física y psicológica, y de libre manifestación de los mineros y sindicalistas.
Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitan que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actúe para que se investiguen los hechos previamente descritos y se informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
Igualmente solicitan a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
Exigen al Estado mexicano que conforme sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos.