viernes, 25 de enero de 2008

PIDE CONGRESO INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN DE PFP EN CANANEA

También extiende un llamado al titular de la STPS para coadyuvar en la solución pacífica del conflicto... Y al gobernador de Sonora para que, con estricto apego a la jurisdicción y competencia de las entidades federativas, respete y garantice las manifestaciones que en ejercicio de las garantías individuales realicen los trabajadores.

tomado de Dossier Politico

Dia de publicación: 2008-01-23

México, D.F., a 24 de enero de 2008.- El exhorto a las autoridades federales para que por la vía del diálogo se solucione el conflicto minero en Cananea, Sonora, propuesto por el PRD, ahora sí fue aprobado por el PAN y el PRI en el pleno de la comisión permanente, luego de que se quitó de la redacción la petición de retiro de la fuerza pública del centro minero.

En su lugar, se acordó solicitar al ejecutivo federal un informe sobre la participación de la Policía Federal Preventiva en el conflicto, así como las causas y el fundamento que justifican su intervención.

La comisión permanente exhortó también al gobernador de Sonora a respetar y garantizar las manifestaciones legales de los mineros.

Al respecto, este miércoles seis oradores de las seis fracciones que integran la comisión permanente, debatieron el tema para ratificar el voto a favor del exhorto, que en esencia, fue modificado durante su análisis en la primera comisión, a decir de legisladores del PRD, PT y Convergencia.

Entre los oradores se encontró al senador sonorense Alfonso Elías Serrano, del PRI, cuyo voto para este punto, fue negativo en la sesión anterior.

Durante su intervención justificó la participación del gobierno de Sonora en el conflicto minero, pues se hizo «bajo la premisa de mantener y fortalecer una fuente de empleo; de enorme importancia económica para la entidad», dijo.

Así como para «proteger los derechos de los trabajadores y el estado de derecho en general», ya que el gobierno estatal ha reiterado su disposición para mediar entre las partes; en el marco de sus atribuciones, pues se trata de un asunto de competencia federal, indicó.

La partición del mandatario Eduardo Bours en el conflicto laboral de Cananea, destacó el priísta, fue también porque comenzaba a generarse un ambiente de crisis en esa localidad y sus alrededores.

Por otra parte, la diputada del PRD, Aleida Alavez defendió la petición del retiro inmediato de la fuerza pública del mineral, como propuso originalmente el diputado de esa bancada, el sonorense Carlos Navarro; ya que la presencia policíaca no coadyuva a encontrar una solución pacífica al conflicto, consideró.

Sobre este tenor, la diputada del PAN, Pilar Ortega dijo que la petición de retiro de la policía contravenía y no respetaba la solicitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que pidió el apoyo de la fuerza pública.

En ese sentido, apreció más conveniente solicitar un informe detallado al Ejecutivo federal sobre la forma y términos en que ha intervenido la Policía Federal en el conflicto y no pedir su retirada.

En su momento, el diputado del PT, Pablo Arreola, destacó que la nueva redacción del punto de acuerdo, donde se descarta el retiro de la fuerza pública, no cumple las expectativas de darle una salida legal y de justicia al conflicto.

Toda vez que antes de que existiera una resolución para declarar inexistente la huelga, ya se encontraba la fuerza policíaca reprendiendo y forzando a los trabajadores a que se salieran de la mina.

En tanto, el senador Francisco Javier Castellón rechazó que pudiera uno «tragarse» el cuento de que la policía solamente está en la mina de Cananea para cumplir el laudo laboral.

Por su parte, el legislador Cuauhtémoc Velasco señaló que el conflicto en Cananea se suma al comportamiento de la autoridad laboral de proteger al Grupo México, después de no cumplir su obligación de verificar las condiciones de inseguridad con que laboran los mineros, como sucedió en Pasta de Conchos.

El senador Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que la mina representa un gran impacto en la economía local y nacional; cada trabajador ha dejado de percibir unos 350 mil pesos por concepto de sueldo, prestaciones, bonos y demás y se han dejado de producir más de 100 mil toneladas de cobre.Así, luego de las observaciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó al Poder Ejecutivo federal instruir al titular de la Seguridad Pública federal para que informe sobre la participación de la PFP en el conflicto minero.

Asimismo, se exhortó al Poder Ejecutivo a instruir al secretario del Trabajo a coadyuvar con la solución del conflicto laboral y verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene de la empresa Minera.

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